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ABUSOS DEL ESTADO PERUANO EN LA EXPLOTACIÓN MINERA DE LAS BAMBAS

La criminalización de la protesta popular agrava la tensión y entorpece el diálogo

HISTORIA MINERA DE LAS BAMBAS

El 2004, mediante licitación pública internacional, siendo Director de Pro Inversión René Cornejo y presidente de la república el ahora prófugo Alejandro Toledo Manrique, la empresa Xstrata Coopper (Minera multinacional Xstrata plc Xstrata anglo-suiza, con sede en Suiza y domicilio fiscal en Londres – Reino Unido), adquirió en compra los derechos de exploración minera en la localidad de Las Bambas, Región Apurímac. El 2010 se firma la transferencia de la concesión minera por $ 4,200 millones de Dólares, siendo presidente del Perú, el extinto expresidente de la República, Alan Ludwing García Pérez, para la explotación de 1,710 millones de toneladas métricas de cobre con una ley del 60% de pureza.

El 2014 Xstrata Coopper transfiere la explotación minera de Las Bambas a otra empresa minera, la MM Limited Guoxin International Investment Co. Ltd. Consorciada con CITIC Metal Co. Ltd., por un monto superior a los 500 millones de Dólares, obteniendo una utilidad superior a los 499,999 millones de dólares. Es decir, el Perú le vendió el asiento minero de Las Bambas a Xstrata Coopper, a precio de feria o de remate. En otras palabras, Alan García Pérez le entregó nuestras riquezas mineras de Las Bambas a “precio huevo” a la Minera Suiza Xstrata Coopper.

Ese mismo año, Alan García Pérez y su Ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, aprobaron la modificación del Estudio de Impacto Ambiental –EIA- para la construcción y traslado de los minerales por carretera, sin la participación de las comunidades de las Bambas, quienes serían afectadas no solamente en sus propiedades privadas, sino en su hábitat natural. ¿Estas operaciones gubernamentales estarán también salpicadas por actos de corrupción? es la pregunta inevitable. No olvidemos que Alan García Pérez era investigado por el caso Odebrecht y el Gaseoducto del Sur, donde ya se ha encontrado que Eleodoro Mayorga, entonces Ministro de Energía y Minas, tuvo contactos con los miembros de la corrupta Odebrecht. Hay la necesidad que el Ministerio Público amplíe las investigaciones y comprenda el caso de la mina de Las Bambas, que huele a lejos a lo putrefacto de la corrupción. Esto estaría explicando el por qué se regaló prácticamente los yacimientos mineros de Las Bambas a Xstrata Coopper y porqué se modificó unilateralmente el Estudio de Impacto Ambiental.

LOS RECLAMOS Y JUSTA PROTESTA DE LA COMUNIDAD FUERABAMBA

La reacción y protestas de las comunidades campesinas de Fuera Bamba, Apurímac, Andahuaylas y Cotabambas, no es únicamente por el cambio inconsulto del Estudio de Impacto Ambiental, sino también exigiendo al gobierno central, la transferencia de 141 millones de soles al Gobierno Regional de Apurímac, parte del fideicomiso que se pagó por la explotación del asiento minero Las Bambas; exigen también el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Empresa Minera para la ejecución de obras de desarrollo en las comunidades afectadas por la explotación minera y contra los abusos del gobierno central que ha ordenado feroz represión, detención y encarcelamiento de los campesinos, en respuesta a su justa protesta, que ya ha ocasionado la muerte de media decena de manifestantes.

Si analizamos con objetividad lo que viene sucediendo en la localidad de las Bambas, podemos prontamente inferir que, más abusos ya no se pueden cometer: violación al derecho de propiedad, al derecho a la salud, a la seguridad e integridad personal, al derecho a la vida, al derecho de residencia, a un medio ambiente saludable, al respeto del hábitat natural y la libertad personal. Una clara muestra de la imposición de la razón de la fuerza y no de la fuerza de la razón, como es el asesinato del Alcalde de la localidad de Maras, quien se oponía al proyecto minero de Las Bambas. Como si todo ello fuera poco, el gobierno declara y mantiene prolongadamente el estado de emergencia en el corredor minero; de otro lado, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa está solicitando hasta 17 años de prisión para los campesinos que han sido apresados durante las marchas de protesta.

La ceguera del presidente Martín Vizcarra Cornejo en su política neo liberal, de protección a las grandes empresas transnacionales y de continuismo en la venta de nuestras riquezas, le hace olvidar, que la principal fuente de alimentación de los peruanos es la agricultura, además de ser la fuente principal de supervivencia de los pobres del campo. No comprende que con el avance de la explotación minera, están convirtiendo áreas agrícolas en zonas desérticas y deforestadas, mientras que las empresas mineras se llevan las riquezas del suelo peruano, dejando campos áridos y muertos, sin ejecutar trabajos de recuperación y reforestación, porque realmente es imposible hacerlo en suelos cubiertos de relaves mineros.

No solamente se está afectando gravemente la ecología y el ecosistema de nuestro país, sino que se está condenando a la postración y convirtiendo en más pobres a los agricultores de nuestras serranías. En el caso de Las Bambas solamente, sin referirnos a otros asientos mineros del suelo patrio, se ha afectado la producción agrícola y sumida en la desgracia a campesinos en la siguiente proporción: en Andahuaylas a 34,087 agricultores; en Cotabambas a 1,378 agricultores; y, en Fuera Bamba a 8,500 agricultores. Se están destruyendo tres zonas agrícolas y desplazando a 43,965 agricultores, dejándolos sin su fuente de trabajo, sin su hábitat natural y sin su fuente principal de subsistencia personal.

LA PERSECUCIÓN DE LOS ABOGADOS QUE EJERCEN EL DERECHO A LA DEFENSA

Por último, para coronar la cadena de abusos y la exacerbación de la represión, en forma totalmente reprochable, lo cual exige una respuesta contundente de los Colegios de Abogados del Perú, últimamente, el gobierno de turno y sus brazos administrativos: el Ministerio Público y el Poder Judicial, están arremetiendo temerariamente contra los abogados que asumen la defensa de personas que se los soliciten. Se vulnera así, de manera deliberada, cuasi mafiosamente, el derecho universal a la defensa y el derecho al ejercicio profesional de la abogacía. Vizcarra y sus funcionarios, llámese fiscales y jueces, se han convertido en una suerte de inquisidores medievales y ejecutan una “caza de brujas” contra los abogados que asumen la defensa de personas que al ser acusadas de un presunto delito, tienen derecho a tener la defensa de un abogado de su libre elección.

Resulta que, con el supino propósito de amedrentar a los profesionales del derecho, para que no acepten asumir la defensa de luchadores sociales o políticos adversarios, se busca afanosamente dejar sin defensa a los justiciables, para que así, sea el Estado quien les asigne un “defensor de oficio”, es decir, uno del Ministerio de “Defensa Pública”, quien en la práctica, por ser un asalariado del Estado, NO DEFENDERÁ ADECUADAMENTE al investigado o acusado y sólo hará acto de presencia en las diligencias procesales, donde expresará algunas incongruencias y presentará algún recurso descabellado, que a la postre será rechazado, sometiendo al justiciable a una bien enmascarada indefensión. Experiencias de esta naturaleza tenemos a montones.

El Asesor Legal de Fuera Bamba, Abogado Jorge Martín Chávez Sotelo y su hermano también Abogado Franck Chávez Sotelo fueron detenidos acusados de supuestamente ser cabecilla el primero e integrante el segundo, de una organización criminal a la que denominaron “Los Chavelos”, a quienes se les ha aperturado investigación preliminar por los presuntos delitos de crimen organizado y extorsión en agravio de las empresas mineras de Las Bambas, quienes se están llevando en peso nuestras riquezas mineras, vendidas por el Estado,  a precio “huevo” como queda dicho.

Asesorar, es en la práctica defender al justiciable, persona natural o jurídica, para cuyo efecto se contrató el servicio del profesional en derecho. Entonces, en el caso de Las Bambas, se trata de la defensa de los derechos de los campesinos afectados por la actuación del Estado y de las Empresas Mineras beneficiadas. Siendo esto así, asesorar al cliente y exigir a los responsables, así sean el Estado o las Empresas Mineras, el cumplimiento de Ley Nº 29875, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que se enmarca en el Tratado Internacional Nº 169 con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que está siendo pisoteada por el gobierno de turno y las empresas concesionarias, no puede considerarse un acto criminal. Tampoco se puede considerar como organización criminal a los abogados defensores y sus defendidos, sean personas naturales o jurídicas. El Art. 2º de la Ley 29875 reza textualmente: “Derecho a la consulta es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma obligatoria solo por el Estado.”

En este orden de ideas, hablar de organización criminal o asociación ilícita para delinquir, significa que para el Estado Peruano y sus brazos administrativos: Poder Judicial (jueces) y Ministerio Público (fiscales), las comunidades campesinas y sus abogados, son criminales. Tamaña osadía e injuria grave, son absolutamente inaceptables, venga de donde venga. Nos preguntamos ¿Qué pasa con los decanos de los Colegios de Abogados y con los rectores de las universidades que dictan cátedra de Derecho y Ciencias Políticas; porqué callan en todos los idiomas y no se pronuncian frente a semejante atrevimiento?

La persecución, detención y enjuiciamiento de abogados por el ejercicio de su profesión en cumplimiento de los derechos garantizados por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, no puede ser tolerado de manera alguna. Es  innegable que este despropósito contraviene los Artículos 15º, 22º, 62º y 89º de la Constitución Política del Estado Peruano. Pues bien, si los Colegios Profesionales y las autoridades universitarias no dicen nada, queda la alternativa de que los abogados, los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas y la ciudadanía en pleno, tomen las calles para expresar sus protesta y exigir al gobierno y sus brazos administrativos, respeto a la ilustre profesión del Abogado, la libertad inmediata de los profesionales detenidos y el sobreseimiento inmediato de los procesos investigatorios iniciados para reprimir el ejercicio de la abogacía. Existe el derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional, tal como lo establece el segundo párrafo del Art. 46º de la Constitución Política del Estado.

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